El pasado 3 de junio, el Servicio Nacional de Aduanas retuvo prendas deportivas falsificadas que el senador Fidel Espinoza (PS) habría traído consigo desde Lima, Perú. Según se informó, el parlamentario portaba 24 pantalones de buzo, 24 poleras y 41 camisetas de clubes populares del fútbol chileno —Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile— sin autorización de las marcas titulares de sus derechos.
A raíz de este hecho, Puma y Adidas, representantes oficiales de las marcas involucradas, presentaron querellas en su contra. De acuerdo con lo publicado por La Tercera, el abogado Luis Olmedo, representante de Puma, sostuvo en el escrito judicial que “el público al que iban dirigidos tales productos los adquirían con la convicción de estar en presencia de un producto legítimo, con el respaldo y garantía que una empresa como Puma SE puede otorgar, en circunstancias que el querellado les entregaba una burda falsificación”.
En tanto, la querella de Adidas, patrocinada por el abogado Francisco Carey, advierte que “estos hechos evidentemente afectan los derechos de propiedad industrial de mi representada, puesto que, de autorizarse el despacho y la libre comercialización de los productos referidos, el público al cual estaba destinada esta mercancía la adquiriría con la convicción de estar comprando productos legítimos, lo que daña gravemente la confianza y el prestigio de la marca”.
Ambas acciones legales solicitan que los responsables sean condenados con las máximas sanciones legales, incluyendo multas, indemnizaciones civiles y el pago de las costas del proceso judicial.
Declaraciones de Espinoza
En respuesta a las acusaciones, el senador Fidel Espinoza aseguró a través de su cuenta de Instagram que su única intención era regalar la ropa al club deportivo Unión Católica de Trapén, en apoyo a jóvenes de un equipo rural. “Siempre primó la buena fe y el apoyo a un club de fútbol rural”, declaró.
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Además, señaló que ya realizó todos los trámites ante el organismo correspondiente, y fue enfático en aclarar que “en ningún caso fue utilizar una marca con objetivos comerciales”. Pese a su defensa, el caso continúa su curso en tribunales y podría generar consecuencias legales para el legislador.
