Un nuevo capítulo se abre en el caso de Tomás Bravo, el menor de tres años cuyo fallecimiento en 2021 conmocionó al país. Este miércoles 18 de junio, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, determinando que tanto la abuela materna como el primo del menor deben ser reconocidos como imputados por la Fiscalía Regional de Los Ríos.
Cabe recordar que el cuerpo de Tomás fue hallado el 26 de febrero de 2021, nueve días después de su desaparición, en una zona rural de la región del Biobío. El caso generó una profunda conmoción social a nivel país y ha estado rodeado de múltiples controversias en su investigación.
Hasta ahora, el único imputado en el caso era el tío abuelo del niño, Jorge Escobar Escobar, acusado por el delito de abandono con resultado de muerte.
Se acoge recurso de amparo
El recurso de amparo, es una acción legal que puede presentar cualquier persona que esté detenida, presa o arrestada ilegalmente, o que sufra amenazas o perturbaciones en su libertad personal o seguridad individual. Su objetivo principal es que un juez revise la legalidad de la detención o afectación de derechos, y si corresponde, ordene la libertad inmediata de la persona o la ponga a disposición del tribunal competente.
El recurso surge tras una resolución del pasado 19 de mayo, donde el tribunal impidió a la defensoría intervenir en el proceso. Según la Defensoría Penal Pública, esta decisión fue “ilegal y arbitraria”, ya que vulneraba el derecho a una defensa efectiva, al impedir el acceso a diligencias clave de la investigación, como lo consignó Meganoticias.
El caso de Tomás Bravo ha estado marcado por el uso de medidas intrusivas, como interceptaciones telefónicas a familiares, las cuales, según los antecedentes, se habrían realizado sin el conocimiento de estos.
Finalmente, la decisión de la Corte permite a los abogados defensores acceder a información clave del proceso y deja oficialmente en calidad de imputados a los familiares, aunque se aclara que esto no implica una declaración de culpabilidad, sino que responde a garantías procesales fundamentales en el marco de la investigación penal.
